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Domicilio constitucionalmente protegido

 

Estimados lectores, en este post, vamos a intentar explicar  con palabras no demasiado técnicas que es el domicilio constitucionalmente protegido (DCP) , también denominado en la jerga jurídica por sus iniciales (DCP), y esto va a ser especialmente interesante para poder diferenciarlo de los que es el domicilio no constitucionalmente protegido (DNCP), porque las consecuencias de su entrada y registro y el grado de protección que otorga la legislación es diferente, en todos sus aspectos, desde la forma de llevar a cabo la entrada, como las consecuencias de su actuación y también los mecanismos de oposición o revisión.

Regulación legal del Domicilio constitucionalmente protegido

 

Lo primero que tenemos que comentar, es que su regulación jurídica no se encuentra en una sola norma, sino que hay varias, tanto de orden nacional como supranacional a las que tenemos que atender, así el marco normativo que regula las actuaciones de entrega y registro en los domicilios de los contribuyentes es ambigua, parca, y compleja.

No hay una definición legal al respecto, y la misma deriva de pronunciamientos jurisprudenciales en la materia.

No obstante, destacamos que el concepto proviene desde el ámbito constitucional, por el art. 18.2 de nuestra carta magna, dicho artículo reconoce que el domicilio de las personas es inviolable de modo que no es posible “ninguna entrada o registro” en él sin el consentimiento de su titular o resolución judicial que lo habilite, salvo en casos de flagrante delito.

Por lo tanto, como vemos la Constitución Española, habla de domicilio de las personas, no hace distinción entre personas físicas y jurídicas, por lo que lo primero que tenemos que concluir es que está constitucionalmente protegido, tanto el domicilio de las personas físicas, como el domicilio de las personas jurídicas.

En el ámbito tributario, encontramos diferentes normas dispersas, así en la Ley General Tributaria, serian los art. 113, 136.4, 142 y 162.1, mientras que también encontramos referencias al mismo en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, en el art. 172

Respecto a normativa de carácter supranacional, nos encontramos con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las sentencias que emanan del Tribunal Europeo de Derecho Humanos así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Todo lo anterior junto con las sentencias que emanan en particular del Tribunal Constitucional, como del Tribunal Supremo, así como distintas Salas de los tribunales de lo contencioso-administrativo constituyen el marco normativo en que nos debemos de mover, con cuidado, dado que lo que es aplicable en un caso podría no ser aplicable en otros.

Concepto de Domicilio constitucionalmente protegido

Como ya hemos comentado en la introducción el DCP, y su protección viene directamente relacionado con un derecho fundamental especialmente protegido por el Art. 18.2 de la Constitución Española. No obstante, no es un derecho supremo que este por encima de todos los demás, así por ejemplo el derecho a la inviolabilidad del domicilio, cede ante el deber de sostenimiento de las cargas públicas mediante la obligación de contribuir – o sea, la obligación que tiene todo contribuyente de contribuir a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, recogido en el Art. 31 de la Constitución Española,

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Domicilio constitucionalmente protegido de las personas físicas

Dice el Tribunal Constitucional que el domicilio constitucionalmente protegido de las personas físicas es aquel espacio en el que vive el individuo sin someterse a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima.

Por esta razón la protección que se ofrece a este domicilio se extiende tanto al espacio físico en si mismo como a todo lo que se encuentra “de emanación de la persona y de esfera privada de ella”  TCo. 17-2-84, Rec 59/1983, Tco 24-09-07, Rec 377/2005

Tenéis que observar que la definición prescinde de ubicaciones y configuraciones físicas específicas, por ello, puede ser la morada habitual, una habitación de un hotel, una vivienda alquilada, puede ser el domicilio profesional, por ejemplo, abogados que realizan acciones sociales, captación de clientes, en dicho despacho, (extensión realizada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos 27-09-05 caso Petri Sallinen y otros c. Finlandia).

Es importante indicar, que, a diferencia de la Ley del IRPF, en su definición de residencia fiscal, aquí no se trata del lugar dónde uno viva más tiempo, es decir no se trata de una cuestión temporal, ni tampoco jurídica, puede ser un local alquilado, compartido, en propiedad, etc.

Por otro lado y por exclusión, es decir lo que no puede entrar dentro de domicilio constitucionalmente protegido, se considera como domicilio constitucionalmente no protegido. Así la jurisprudencia, ha indicado que no constituyen DCP, los almacenes, un depósito, un garaje, etc. Siempre se requiere un plus de intimidad o de reserva a terceros de lo que sucede dentro del local o domicilio.

Domicilio constitucionalmente protegido de las personas jurídicas

Al principio, no estaba tan claro que las personas jurídicas pudieran tener un domicilio constitucionalmente protegido, así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo negaron durante un tiempo, aunque nuestro Tribunal Constitucional siempre lo había admitido, así la Sentencia 17-10-85 del TCo en Rec 124/1985

Más tiempo le costó al TJUE, que lo hizo con sentencia 22-10-02 en el Asunto C-94/00 Caso Roquete Fréres.

En cualquier caso, es importante destacar que ese derecho que se le concede a las personas jurídicas no tiene un alcance tan amplio como para las personas físicas, dónde aparece siempre ligado a la inviolabilidad del domicilio conectado directamente con el derecho a la intimidad, mientras que el derecho que se defiende para las personas jurídicas no es el derecho a la intimidad personal y familiar, sino el derecho a su privacidad, derecho de menor protección.

Así el TCo ha manifestado que la protección del domicilio de la persona jurídica sólo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que su actividad pueda desarrollarse sin intromisiones ajenas, al constituir el centro de dirección de la propia sociedad, o de otro establecimiento dependiente, o bien porque ese espacio puede servir para la custodia de documentos o de cualquier otro tipo de soporte de los que es importante preservar la privacidad de su contenido hacia terceros, o lo que es lo mismo, que quedan reservados del conocimiento de terceras personas.

Ejemplos de domicilios constitucionalmente protegidos

 

  • Acceso al Despacho dónde abogados desarrollan su actividad profesional: DCP
  • Acceso al despacho que tiene un economista en su domicilio, dónde desarrolla su actividad profesional: DCP
  • Espacio en la nube contratado por una sociedad: Podría tener la calificación de DCP, nótese que con la definición indicada, no se precisa que sea siempre un espacio físico, pues este espacio puede servir para la guardia y custodia de documentos frente a terceros.
  • Domicilio fiscal o Domicilio social de la Sociedad. En principio, dado que lo usual es que allí se encuentre el centro de dirección de sus negocios, será DCP.

 

Ejemplos de domicilios no constitucionalmente protegidos (DNCP)

 

  • Empresario persona física, que se dedica a la actividad de Servicios de Entretenimiento: Discoteca: El acceso al local discoteca, dónde se encuentra la caja registradora, y el ordenador NO sería domicilio constitucionalmente protegido. Pero el acceso al ordenador del mismo, podría tener diversas consideraciones.
  • Un almacén de una sociedad. DCNP
  • Un yate de una persona física: DCNP
  • Tienda, dónde se desarrolla la actividad: DNCP

Evidentemente, estas definiciones tienen su implicación frente a las actuaciones de registro y entrada, ya sea policial, o como es en nuestro caso por actuaciones tributarias realizadas por la inspección de Tributos.

Es importante considerar que el domicilio constitucionalmente protegido ha sido delimitado por la jurisprudencia.

Qué hacer si entran en un domicilio constitucionalmente protegido sin consentimiento

Normalmente la entrada y registro se producirá o bien por la policía o bien por la inspección de los tributos. En nuestro caso, dada nuestra especialidad, solamente comentaremos esta última.

Lo primero que hay que decir, es que actualmente hay más de 2000 entradas y registros anuales por parte de la inspección de los tributos, son estimaciones nuestras, porque la AEAT ya no facilita este tipo de datos desde el año 2015.  Por lo tanto, es algo que puede suceder.

Ahora bien, cuando la Inspección de los tributos se persona en el domicilio de la sociedad, lo normal es que tenga fundadas sospechas que en el mismo se están realizando actividades ilícitas que suponen una menor recaudación para el erario, o incluso que pueda ser calificado de delito fiscal.  Por otro lado, la personación es porque tienen la certeza que, en el caso de no hacerlo así, se van a producir actuaciones del contribuyente tendentes a eliminar las pruebas de sus ilícitos tributarios.

Lo usual es que la inspección sea realizada por una unidad de inspección compuesta por un inspector de Hacienda, un subinspector, un Agente Tributario y un  experto informático de la UAI (unidad de auditoria informática), y si la inspección considera que puede haber riesgo para sus personas, son acompañados por una unidad de la guardia civil o policía nacional.

Si cuando se identifican y solicitan la entrada no se le presta consentimiento, los inspectores podrán entrar igualmente si acompañan un auto de resolución judicial que autorice la entrada y registro.  En ese caso, no podrá negar la entrada, ahora bien, podrá solicitar que se ciña estrictamente al cumplimiento del auto y velar porque así sea, y en caso de que no se cumpla, interponer las pertinentes reclamaciones judiciales.

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